La obligación de informar

Un fallo de la justicia civil de Neuquén, obliga al gobierno de Neuquén a informar cuánto gastó en publicidad oficial durante los años 2004, 2005 y 2006. La resolución judicial surge a partir de un recurso de amparo presentado por la Cooperativa de Trabajo 8300, el sindicato de Prensa de Neuquén y la asociación civil Convocatoria Neuquina.
Lo hicieron porque el gobierno de Jorge Sobisch se negó sistemáticamente a informar cuánto se presupuesto en ese período en concepto de publicidad oficial, cuánto se gastó y con qué criterios se distribuyó la pauta.
La decisión de la jueza civil 4 de Neuquén, Julia Boussón de Baggio, sostiene que la acción del gobierno lesiona el derecho a la información, y que por eso se debe reparar judicialmente la falta. Señala incluso, que no se trata de un derecho privativo de los periodistas, sino que cualquier ciudadano tiene derecho a requerir información y los funcionarios la obligación de dársela, por el precepto constitucional de la publicidad de los actos de gobierno.
Pero además, el fallo de la jueza –conocido el martes 29 de mayo- asegura que no sólo debe ser público el acto final de una decisión administrativa (es decir, la ley, el decreto o el fallo judicial) sino los pasos que llevaron a tal decisión. O sea que ahora Sobisch tiene la obligación legal de explicar cuáles fueron los criterios usados para distribuir la publicidad oficial.
Si bien el fallo puede ser apelado (el gobierno tiene hasta el jueves al mediodía para hacerlo), se acaba de sentar un precedente importante para el reclamo de transparencia de amplios sectores de la sociedad. Además, han realizado trabajos con la Asociación de Derechos Civiles (ADC) con el mismo objetivo.
Neuquén es una provincia que no tiene una ley de acceso a la información ni de regulación de la publicidad oficial. Las organizaciones Convocatoria Neuquina, Cooperativa 8300 y Sindicato de Prensa, hay elaborado proyectos de ambos sentidos, e impulsan desde hace años la sanción de esas leyes.
De todos modos, no es necesaria la existencia de una ley para hacer vigente un precepto consagrado en la Constitución provincial y en la nacional, por lo que el caso, jamás debería haber llegado a la justicia.

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